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Un exasesor de Gestión del Riesgo fue la persona que recibió un maletín negro lleno de fajos de billetes en enero de este año como mensajero de Sneyder Pinilla. Aquí su historia.
Juan Camilo Llanos recibió un maletín negro en enero de 2024 con más de 4.000 millones de pesos en su interior. Esos recursos eran parte de un soborno del contratista Luis Eduardo López Rosero, que en octubre del año pasado se ganó el contrato por 46.800 millones para la compra de 40 carrotanques que tenían el destino de entregar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira. Eso no sucedió, pero según el testimonio de los dos directos implicados, el dinero sí habría llegado a las manos de Andrés Calle e Iván Name, presidentes de Cámara y Senado en el Congreso.
Llanos es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, estudiante de una especialización en derecho administrativo y ha tenido varios empleos públicos. Fue contratista en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 2016, luego abogado del Departamento de Función Pública en 2017 y también le presta sus servicios profesionales a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las víctimas desde 2018.
El único trabajo que el abogado Llanos no registró en su perfil de Linked In es el de asesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Desde hace varios meses el teléfono de Llanos estaba siendo interceptado por la Fiscalía General en el marco de las primeras investigaciones por el macro caso de corrupción que hasta ahora tiene a dos ministros mencionados del gabinete de Gustavo Petro y otros cuatro congresistas señalados como supuestos originadores y destinatarios de los sobornos con los contratos públicos para evitar desastres en el país.
Según pudo conocer EL COLOMBIANO con fuentes directas del caso, Llanos fue la persona que Sneyder Pinilla delegó en enero de este año para recibir una maleta repleta de fajos de billetes por un total de 4.050 millones que el contratista Luis Eduardo López Rosero entregó como parte de una primera cuota del 16 % del total del contrato que le exigieron para poder ganarlo en octubre de 2023.
Llanos aparece autorizando varias circulares y resoluciones firmadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla. “Era el abogado de confianza de Pinilla en la entidad”, dijo otra fuente a este periódico. Su contrato, a través de la Fiduprevisora, lo solicitó la entonces secretaria general de la UNGRD Ana María Castaño Álvarez por una petición previa de Alethia Arango, subdirectora para el manejo de desastres de la entidad, de acuerdo con los documentos en poder de EL COLOMBIANO.
Esos 4.000 millones de pesos hacen parte de un monto del dinero para la corrupción que entregó el contratista López a Sneyder y Olmedo. Pero, como lo reveló este diario desde hace varias semanas, en las cifras todavía hay una incongruencia que no se ha terminado de explicar. Los testimonios de los dos implicados en el escándalo (que están a punto de conseguir un principio de oportunidad) señalan que el dinero supuestamente entregado a Name a través de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, 3.000 millones, y el entregado presuntamente a Calle, 1.000 millones, fue dado a los involucrados en octubre del 2023 porque tenía la intención, además de aceitar las reformas del Gobierno en el Congreso, el objetivo de aportar a campañas políticas en las regiones en las elecciones locales de ese mes. Sin embargo, lo contradictorio está en que los 4.000 millones fueron entregados en enero de este año, pero los sobornos anteriores habrían sido pactados en octubre de 2023, por lo que habría al menos 11.000 millones de pesos en el caso.
Llanos se habría dirigido a un lugar en Bogotá por orden de Sneyder Pinilla y allí López Rosero le entregó la maleta negra con los centenares de fajos que habían sido retirados a través de un cheque minutos antes en una sede de Bancolombia del centro comercial Unicentro en Bogotá. De ese maletín existe una fotografía que López entregó a la Fiscalía General en la búsqueda de un acuerdo con el ente acusador, publicada por Noticias RCN.
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Sin embargo, los caminos del contratista, conocido como el pastuso por su lugar de procedencia, parecen poco claros frente a la Fiscalía. Para la fiscal del caso está claro que este mintió sobre la cantidad de empresas y de contratos en los que ha tenido participación con el Estado, por lo que le dijo la semana pasada que no le firmaría un principio de oportunidad buscando beneficios penales.
Además, existen copias de los chats y las interceptaciones de López Rosero con la empresa Kenworth de la Montaña a la que este le terminó comprando los carrotanques de la UNGRD por alrededor de 600 millones de pesos, pero facturándoselos a la Unidad por 1.200 millones. Incluso, hay registros de llamadas que López tuvo con el exdirecrtor de la entidad y en su teléfono aparecen otros contactos. Las conversaciones del abogado Llanos, quien hasta ahora permanecía oculto en el escándalo, también están en poder de la Fiscalía. En los próximos días Sneyder y Olmedo suscribirían el principio de oportunidad luego de ser imputados formalmente por delitos de corrupción.