Este lunes 16 de septiembre, los conductores de volquetas en Cali que transportan escombros se reunieron con la Contraloría y la Personería tras protestar en la alcaldía. Esto ocurrió después de que se les impidiera llevar los residuos a la escombrera de la 50.
Además, la Contraloría de Cali publicó un informe que reveló irregularidades en un contrato para el transporte y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) gestionado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). El informe indicó que, a pesar de haber pagado por el transporte de 13.501 toneladas de RCD, una revisión técnica mostró que los vehículos no podían movilizar esa cantidad, resultando en un sobrepago de 4.768 toneladas, equivalente a $227.886.500. Esta falta de supervisión pudo haber causado un detrimento patrimonial.
Los conductores explicaron que sus vehículos, modificados para aumentar la carga debido a la falta de recursos para renovar la flota, no reflejan la capacidad real en sus documentos. La Contraloría aclaró que no gestiona decisiones sobre contratación, sino que revisa el manejo de recursos públicos, y anunció una nueva reunión el jueves para verificar la capacidad de carga de cada vehículo, buscando mediar entre la administración y los transportadores.
